Un juez en Arizona ha intervenido para detener la transferencia de $115 millones de los fondos del acuerdo por opioides del estado al Departamento de Correcciones, una medida que formaba parte de la estrategia del estado para equilibrar su déficit presupuestario. Esta decisión se tomó después de que la Procuradora General Kris Mayes presentara una demanda contra la Gobernadora Katie Hobbs y los legisladores del Partido Republicano, calificando la maniobra presupuestaria como ilegal y un "truco presupuestario flagrante" que socava los intereses de las víctimas de la epidemia de opioides. La controversia destaca un conflicto significativo entre el poder ejecutivo y judicial del estado sobre el uso adecuado de los fondos destinados a abordar la crisis de los opioides. La oficina de la Gobernadora Hobbs ha defendido el plan presupuestario, sugiriendo que los fondos beneficiarían a las personas dentro del sistema penitenciario afectadas por la epidemia de opioides, una postura que ha sido criticada por la Procuradora General y otros observadores que argumentan que la medida desvía recursos cruciales lejos de los esfuerzos más amplios de apoyo a las víctimas y prevención.
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