Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, incluidos en el Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos. Se acusa a los activistas de subversión y de participar en el 'Parlamento de Hong Kong' no oficial, un grupo que aboga por reformas democráticas. La medida ha sido ampliamente condenada por gobiernos extranjeros, especialmente el Reino Unido, como un ejemplo de represión transnacional y una violación de las normas legales internacionales. Los críticos argumentan que las acciones de Hong Kong amenazan la libertad de expresión y la participación política más allá de sus fronteras. Las recompensas representan una escalada en la represión de Pekín contra la disidencia, apuntando a activistas incluso después de que hayan huido al extranjero.
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