Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y delitos de seguridad nacional.
Muchos de los señalados están asociados con el 'Parlamento de Hong Kong', un grupo que organizó encuestas no oficiales y aboga por reformas democráticas. La medida ha recibido una fuerte condena por parte del Reino Unido y otros gobiernos occidentales, quienes acusan a Hong Kong y Beijing de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales. Los críticos argumentan que estas recompensas amenazan la libertad de expresión y la participación política de los hongkoneses que viven en el extranjero.
El gobierno de Hong Kong ha desestimado las críticas extranjeras como sesgadas y falsas, escalando las tensiones diplomáticas.
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