Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y de estar involucrados con el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes acusan a Hong Kong y Beijing de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales. Los activistas, muchos de los cuales son ciudadanos o residentes de países occidentales, ahora enfrentan un riesgo personal significativo, ya que Hong Kong ofrece recompensas en efectivo por información que conduzca a su arresto. Los críticos argumentan que estas acciones amenazan la libertad de expresión y de reunión, y representan una escalada en los esfuerzos de China por silenciar la disidencia más allá de sus fronteras. La controversia ha tensado aún más las relaciones diplomáticas entre Hong Kong, China y varias naciones occidentales.
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