Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una amplia condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y otras naciones occidentales, que ven las recompensas como un acto de represión transnacional y una amenaza a las normas legales internacionales y la soberanía estatal. Muchos de los activistas señalados son ciudadanos o residentes de países fuera de Hong Kong, lo que plantea preocupaciones sobre el alcance de la ley de seguridad nacional de Beijing. Los críticos argumentan que estas acciones están diseñadas para intimidar a disidentes y suprimir la libertad de expresión a nivel mundial. La controversia ha tensado aún más las relaciones diplomáticas entre China y varios gobiernos occidentales.
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