Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión por su participación en el 'Parlamento de Hong Kong' no oficial. La medida ha provocado una fuerte condena por parte de los gobiernos de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y Australia, quienes ven la acción como represión transnacional y una amenaza para la seguridad de sus ciudadanos. Los críticos argumentan que las acciones de Hong Kong socavan las normas legales internacionales y la soberanía estatal, mientras que funcionarios de Hong Kong y China defienden las medidas como aplicación legal. Los activistas señalados incluyen ciudadanos y residentes de varios países occidentales, lo que intensifica las tensiones diplomáticas. Esta última represión destaca los continuos esfuerzos de Beijing por silenciar la disidencia más allá de sus fronteras.
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