Durante más de un siglo, el estatus de Puerto Rico ha sido el debate central, dividiendo a los votantes entre la integración total (Estadidad), la independencia soberana o el mantenimiento del acuerdo territorial actual (ELA). El estatus afecta los fondos federales, el derecho al voto, la preservación cultural y los impuestos. Los defensores de la estadidad argumentan que termina con la ciudadanía de segunda clase 'colonial'; los opositores argumentan que erosionaría la cultura puertorriqueña o que el estatus actual ofrece una autonomía fiscal única.
